Resumen
La falsificación y piratería es una problemática que impacta negativamente a todas las industrias y sectores a nivel internacional, pone en riesgo la salud humana y la seguridad de los Estados. La República Dominicana, no escapa a esta situación, no sólo por tener una ubicación geográfica estratégica, sino además por ser un punto turístico en la región. En efecto, el país se ha visto afectado por la comercialización de falsificaciones, en su mayoría, de indumentaria, accesorios de celulares, medicamentos y bebidas alcohólicas, así como también por la piratería, sobre todo, en el sector de contenidos. Es por esto que, el Estado dominicano ha implementado legislaciones vanguardistas y puesto a disposición autoridades proactivas, que dando uso a los mecanismos legales que tienen a su alcance, luchan cada día, de forma enérgica, en contra de estos delitos.
Palabras claves
Falsificación, piratería, delitos de propiedad intelectual, indumentaria, accesorios, medicamentos, bebidas alcohólicas.
La falsificación y piratería constituyen un problema mundial que tiene gran impacto en las distintas industrias, afectando no solo los intereses de los titulares de marcas y derecho de autor, sino también la economía de los países, la salud humana y la seguridad de una nación. En efecto, como bien es sabido, detrás de dichos delitos, se encuentran otros de gran envergadura, como el terrorismo, tráfico de drogas, lavado de activos, etc. Por lo que, se trata de actividades delictivas, que deben ser suprimidas en búsqueda del bienestar de la sociedad.
La República Dominicana no escapa a esta problemática, sobre todo por ser un país con ubicación geográfica estratégica, que tiene como actividad económica principal el turismo. Sin duda alguna, estas características hacen que sea un punto vulnerable y, a la vez, atractivo para los infractores en la comercialización de productos falsificados y violatorios al derecho de autor.
Para poder comprender cómo se lleva a cabo en la República Dominicana la comisión y el combate de estos delitos, es necesario, por un lado, abordar brevemente el panorama de la comercialización de productos falsificados y de la piratería en el país, y, por otro lado, resaltar cómo las autoridades lo contrarrestan, apoyándose en legislaciones vanguardistas que tipifican y establecen penalidades, medidas y mecanismos de acción que tienen al alcance en contra de estos.
En este sentido, respecto a las infracciones marcarias, cabe destacar que los productos que en los últimos tiempos han sido objeto de mayor falsificación e imitación fraudulenta han sido calzados, ropa, accesorios de celulares y juguetes. Por igual, se ha detectado numerosos casos de falsificación de bebidas alcohólicas y medicamentos.
Resulta curioso e importante resaltar el hecho de que, en las principales provincias del país -Santo Domingo y Santiago de los Caballeros- existen zonas específicas en las que, de forma abierta y un tanto normal, se comercializan indumentaria y accesorios falsificados de marcas famosas. Así, en estos lugares es común la venta de falsificaciones e imitaciones fraudulentas -como si fuese una actividad lícita- de calzados casuales y deportivos, ropas, juguetes, cargadores de celulares, audífonos, etc. Entre estas zonas podemos citar, Villa Consuelo, La Venezuela, Herrera (Isabel Aguiar) y la calle El Sol. Similarmente, en zonas turísticas como Punta Cana, Bávaro y Cabarete, se observa la existencia de tiendas y vendedores ambulantes, ofreciendo en venta este tipo de productos.
De igual forma, a raíz del surgimiento y apogeo de las redes sociales, contrario a lo que sucede en otros países -en los que es muy común la comercialización de estos productos a través de sitios webs- en República Dominicana los infractores utilizan las plataformas de Instagram y Facebook como medio e instrumento principal de publicidad y venta de productos falsificados. Así, el delito se ejecuta a gran escala tanto en tiendas físicas, como de manera virtual, a través de Facebook e Instagram.
Tal como se menciona más arriba, otros productos objeto de falsificación son las bebidas alcohólicas. No obstante, su comercialización ocurre de manera clandestina o -a diferencia de como pasa la mayoría de las veces con la indumentaria y accesorios, en donde el consumidor sabe lo que está adquiriendo- estos productos son vendidos al público en discotecas y bares y, adquiridos por este, creyendo que son bebidas originales, confiables y aptas para el consumo humano. Con los medicamentos sucede similar, esto es, su venta es clandestina y los consumidores los obtienen bajo el entendido de que están comprando productos genuinos. Todo lo cual, implica un grave riesgo a la salud.
Respecto a la piratería, ha sido frecuente la adquisición y uso de softwares sin las debidas licencias, así como el acceso no autorizado a plataformas de contenido (películas, series, documentales, etc.); todo esto a través de, por ejemplo, aplicaciones como “cracked” y “red tv” que facilitan dicho acceso ilícito. Otros casos comunes han sido la reproducción y comercialización no autorizada de libros, que son vendidos como originales a los consumidores o adquiridos por estos con conocimiento de causa a un precio inferior al de las casas editoras y librerías, a través de vendedores ambulantes y tiendas físicas.
Así las cosas, surge la importante pregunta: ¿De donde provienen estos productos infractores? Con relación a las falsificaciones de indumentaria y accesorios, la mayoría de estos productos son importados al país desde China y Panamá. Ha habido pocos casos en donde los mismos son manufacturados localmente. También se observan situaciones en las que los materiales de estos productos son importados de manera aislada -por piezas o partes- y los mismos son ensamblados o confeccionados en su destino final.
Respecto a las bebidas alcohólicas, medicamentos y cigarrillos, es usual que ingresen al país por Haití a través de contrabando, pero, de igual manera, han sido frecuentes los casos de desmantelamiento y cierre de laboratorios y locales de manufactura ilícita por parte de las autoridades.
Si bien el panorama anterior pudiera percibirse poco alentador, es relevante aplaudir y resaltar la gran labor que la República Dominicana ha venido efectuando desde hace largos años para combatir la falsificación y piratería, convirtiéndose en un país activo en la lucha contra estas infracciones.
En este orden, vale apuntar que a raíz de la ratificación del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y, también tiempo después, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), se adoptaron normativas actualizadas en propiedad intelectual, a través de la promulgación y posterior modificación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, las cuales clasifican las infracciones en cuestión como delitos penales, disponen de penas de prisión de entre 6 meses y 3 años en contra de los infractores, multas de 50 a 1000 salarios mínimo, así como de fuertes medidas cautelares, incluyendo medidas en frontera.
Además, como consecuencia de los compromisos asumidos mediante el DR-CAFTA, fue modificado el Código Procesal Penal, de manera que las infracciones de marca hoy día constituyen delitos perseguibles por la vía de la acción penal pública o la vía de la acción penal privada.
Por igual, fue creado en el año 2010 el Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduanas (DGA), el cual retiene, inclusive ex – officio, productos infractores de marcas y derecho de autor importados, exportados o en tránsito, en aplicación de las referidas medidas en frontera. Asimismo, dicho departamento instauró el registro de titulares de marcas y derecho de autor ante la DGA, para una mejor ejecución de su labor de detección y retención de falsificaciones y piratería.
La Procuraduría General de la República, ha creado fiscalías especializadas para la persecución de los delitos en cuestión, entre las cuales se pueden citar: A) la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA), la cual, de la mano con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Departamento de Inteligencia de la DGA y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECOM), investiga y realiza operativos en contra del contrabando, manufactura e importación de bebidas alcohólicas y medicamentos falsificados; y B) la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), que dirige las diversas fiscalías de propiedad intelectual en las distintas provincias del país, las cuales realizan allanamientos a comercios infractores e incautaciones de productos falsificados y pirateados. Estas autoridades, han estrechado lazos y trabajan juntamente con el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (PRO-CONSUMIDOR), la Policía Nacional y el “Homeland Security Investigations” (HSI) de los Estados Unidos de América, llevando a cabo exitosos operativos.
Otras legislaciones importantes que no pueden ser pasadas por alto son la Ley General de Salud 42-01, modificada por la Ley 22-06, la cual impone fuertes sanciones en contra de la falsificación de medicamentos, así como la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos regulados. Esta última, dispone de sanciones administrativas y penales enérgicas, así como establece medidas cautelares y el decomiso y destrucción de productos, una vez constatada su procedencia o comercialización ilícita por las autoridades competentes, sin la necesidad de que medie una sentencia definitiva.
Para fortalecer la regulación y fiscalización de los generadores de contenidos y los prestadores de servicios de radiodifusión sonora, televisiva y de televisión por suscripción, y, a la vez, afianzar la protección de los derechos de autor en el país, en el año 2021, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Oficina Nacional del Derecho de Autor (ONDA) firmaron un acuerdo de Cooperación interinstitucional. Como consecuencia de este acuerdo, estas instituciones han tomado medidas de cierre de establecimientos de prestación de servicios ilegales de difusión de contenido.
Asimismo el pasado año 2022, se constituyó el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual, el cual vela arduamente por la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, a través del trabajo en conjunto de las distintas autoridades que se involucran en la materia.
En la lucha en contra de los ilícitos de falsificación y piratería, el Estado dominicano ha designado fiscales especializados en propiedad intelectual en la mayoría de las provincias del país, los cuales durante el año 2022 atendieron más de 584 casos a nivel nacional, resultando en la incautación de decenas de millones de productos infractores en distintos operativos.
También, durante el pasado año 2022 y en el presente año, las autoridades dominicanas, a través de los organismos citados previamente alcanzaron logros importantes en contra de estos ilícitos. Los más recientes incluyen: A) La destrucción en enero del año 2023 de 471,000 medicamentos falsificados y 78,600 estimulantes sexuales por el CECOM, los cuales fueron incautados por la DGA, PEDECSA y PRO-CONSUMIDOR en distintos operativos; B) La incineración de más de 6.5 millones de cigarrillos, bebidas alcohólicas adulteradas, estimulantes sexuales y medicamentos falsificados, decomisados por PEDECSA, CECOM y la DGA; C) El decomiso en julio de 2022 de 3000 galones de bebidas alcohólicas adulteradas que fueron incautadas en operativos llevados a cabo en Santo Domingo, La Romana, Puerto Plata, Santiago, Elías Piña y Dajabón; D) El allanamiento en septiembre de 2022 a una imprenta ubicada en la capital, incautándose numerosos libros de textos pirateados para niños y los equipos utilizados para su impresión ilícita, apresando a los infractores e imponiendo medidas de coerción en su contra; E) Diversos operativos que incluyen allanamientos simultáneos, llevados cabo en el año 2022 en distintas tiendas en Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional por la UPI y HSI, incautándose numerosos calzados, prendas y artículos deportivos falsificados de reconocidas marcas.
No obstante a lo anterior, se debe reconocer que todavía existen aspectos que requieren ser mejorados en torno a la persecución de los delitos de propiedad intelectual. Entre las prácticas que deben ser corregidas se puede citar el hecho de que si bien este tipo de delitos es perseguible por la vía de la acción penal pública, sucede frecuentemente que si no media una querella por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, la fiscalía no actúa de manera independiente, dándosele, incorrectamente, a la persecución del delito el carácter de una acción penal pública a instancia privada.
También, existe una gran necesidad de capacitación a los jueces, fiscales, policías y distintas autoridades que forman parte de esta batalla, a los fines de continuar logrando resultados efectivos y eliminar la incorrecta percepción de que estos delitos solo afectan intereses privados. Asimismo, se debe apoyar a estas autoridades con los recursos pertinentes para que puedan ejecutar sus funciones de manera eficaz, ya que la falta de estos sigue siendo un obstáculo para el correcto desempeño de sus tareas.
La educación a los jóvenes y adultos en materia de propiedad intelectual debe ser una prioridad para la sociedad dominicana, pues resulta imperante concientizar a la población del grave daño que ocasionan estos delitos a la nación.
Los titulares de derechos de propiedad intelectual constituyen actores claves en la concientización de la población, así como en la lucha contra estos delitos. Por lo que su intervención activa juega un rol importante en esta impetuosa misión.
Haciendo una sana comparación con muchos de los países de Latinoamérica, las medidas tomadas por el Estado dominicano a lo largo de los años son ejemplos a seguir, pues las mismas han sido muy favorables y beneficiosas a la causa, así como tendentes al cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional.
Finalmente, si bien la República Dominicana aún continúa dentro de la categoría “watch list” en el reporte 301 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos de América correspondiente al año 2023, en dicho reporte se reconoce al país por sus grandes avances, elogiando su fuerte voluntad política para contrarrestar estas infracciones.
